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Protocolo para atender la Violencia Política de Género garantiza el acceso a los derechos político-electorales de las mujeres de BCS

  • Continúa Gobierno de Armida Castro trabajando por asegurar la participación femenina en la política.

Los Cabos BCS.- (Gobierno de Los Cabos). – La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador, visitó las instalaciones del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, donde presentó al personal el documento denominado: “Protocolo para la Atención, Prevención y en su caso Sanción de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en Baja California Sur”, el cual surge de la necesidad de orientar a las instituciones gubernamentales para la detección de esta violencia, así como concientizar respecto a la importancia de denunciar ante las instancias competentes cuando se presenten actos que violenten a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, así lo indicó Barrera Amador.

Al respecto, la directora general del Instituto de las Mujeres de Los Cabos, Lorena Cortés Torralbo, mencionó que en dicho contenido se exponen definiciones y componentes para la detección de elementos de género, así como la descripción de los procedimientos y de las instituciones competentes para el desarrollo de estos, con el fin de dotar herramientas adecuadas al contexto estatal, -para la atención y sanción de las situaciones de violencia política-, a los diversos actores estratégicos, así como a mujeres, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos que forman parte de redes de apoyo.

Es importante señalar que, en el estado, se cuenta con una normatividad donde se tipifica como delito la violencia política de género, la cual se fortaleció con la Reforma al Código Penal del Estado, que hace posible sancionar las acciones u omisiones que constituyan violencia política de género. Esta conducta, se perseguirá a petición de la parte ofendida, de encuadrarse en el delito de violencia política de género establecido en el Código que se cita, “tendría una sanción de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa”, (sic).

Derivado de ello, el protocolo cita que la violencia que experimentan las mujeres que participan como precandidatas, candidatas y en el ejercicio de un cargo para el que fueron electas vía sufragio, puede enmarcarse en todos los tipos y modalidades de violencia; desde la institucional, -que se da en el marco de su participación intrapartidaria-; pasando por la económica, -operada también desde el interior de los partidos políticos de los que ellas forman parte, al restringir o desviar el financiamiento-.

En ese sentido, Cortés Torralbo, destacó el importante papel que representa la dependencia de la XIII Administración a su cargo, a la cual le corresponde la asesoría, trabajo social y la canalización hacia las distintas instituciones competentes, tales como: el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur; el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California Sur; Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Baja California Sur; el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres; Institutos Municipales de las Mujeres; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur y el Congreso del Estado de Baja California Sur.

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