B.C.S.

Propone Diputada Mercedes Maciel creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales

  • Es imperioso brindar seguridad a las niñas y mujeres en el Estado
  • La creación de este registro responde a la desmedida violencia que viven las mujeres en el Estado

La Diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa para reformar el Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todos del Estado de Baja California Sur para la creación y administración del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.

Durante la sesión del 24 de noviembre y en el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres, la Diputada Maciel expuso en tribuna que lamentablemente Baja California Sur es uno de los estados en donde más violencia sexual sufren las mujeres, por ello la propuesta para la creación de dicho registro, como una herramienta útil y de protección de la sociedad hacia las mujeres y niñez, en el sentido de saber que quienes rodean, no son agresores sexuales.

Expuso que dicho registro estará dentro del Título Séptimo, Capítulo Único bajo la denominación “Registro Público De Agresores Sexuales” integrado por los nuevos artículos 52, 53, 54, 55 y 56; en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, este registro quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Abundó en que esta medida únicamente pretende ser un eslabón más que contribuya a una lucha para proteger a las mujeres y a la niñez sudcaliforniana principalmente de delitos sexuales que sin duda las dañan de manera grave.

Este registro, el cual existe en algunos estados de la república y países, permitirá a las autoridades conocer su ubicación y en caso de ser necesario para la seguridad ciudadana, alertar a las personas para prevenir actos que puedan dañarlos.

Fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su análisis y dictaminación.

 

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