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Avanzan los trabajos para la armonización de la Ley General de Archivos de Baja California Sur

  • La Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción de la XVI Legislatura del Congreso del Estado  de Baja California y el área de Finanzas del Gobierno del Estado y se reunieron para prever el desarrollo a ejecutar con respecto al impacto presupuestal de la armonización de la Ley General de Archivos de Baja California Sur

La Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción de la XVI Legislatura del Congreso del Estado  de Baja California Sur  efectuó una mesa de trabajo para dar continuidad al análisis de armonización e implementación de la Ley General de Archivos de Baja California Sur.

Quienes integran la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, Gabriela Cisneros Ruiz, Presidenta, y el Diputado Secretario, José María Avilés Castro, establecieron en común acuerdo con el Director de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas,  Fernando Flores Trasviña, el analista Omar Romero y el Director del Archivo General del Estado de BCS, Hugo Manuel Trasvina Montaño, así como asesores presentes que, en un plazo no mayor a un mes, se entregue un esquema con los requerimientos necesarios que permitan realizar la ejecución de la Ley de Archivos de Baja California Sur, partiendo de la elaboración del organigrama e impacto económico de personal.

Entre otras, también se definió la planeaciones de las etapas, divididas en: Etapa1: organizacional, áreas, dirección o unidades de coordinación y su impacto económico, Etapa2: Administrativa-ejecutiva, Etapa3: Costos de infraestructura e  instalación.

Cabe señalar que el pasado 15 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación La Ley General de Archivo mismo que establece en su transitorio Primero que la ley debía de entrar en vigor una año posterior a su publicación concentrándose para el día 15 de junio de 2019, sin embargo, actualmente Baja California Sur tiene un desfase de cumplimiento de 2 años y tres meses por parte de legislatura local.

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